Tasa de abandono interanual en la secundaria
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Entrevista a Gabriel Brener (miembro del Comité Pedagógico de Transformar la Secundaria) En Mendoza proponen un programa de escolaridad protegida, que se utilizará, según dicen, en situaciones excepcionales, para separar de la escuela a un estudiante con problemas de conducta quien solo podrá vincularse con la escuela en forma virtual y/o a través de un “profesor enlace”. Persigue la intención de generar mejor convivencia, y quien impulsa esta iniciativa aclara que “nos hemos ocupado mucho de estos chicos (los problemáticos, los “manzana podrida”) y ahora hay que ocuparse del resto” Trataré de poner de manifiesto algunas ideas que sostienen esta propuesta, lo que hay por debajo de lo que se propone, lo que no se dice, lo que queda invisibilizado: ¿A quien se protege? ¿Al estudiante que se separa? Como se supone que alguien a quien se lo separa del entorno en el que transgredió la norma pueda aprender de ello, repararla, aislado de dicho contexto. En todo caso aquí existe una analogía con la posición de alguien privado de su libertad, que encerrado debe pagar una pena. Entonces será cuestión de reconocer la condición punitiva de una decisión pedagógica sin darle tantas vueltas. Si a este problema escolar se lo resuelve por presión, o mejor dicho más cerca de la prisión que de la educación, se asume e institucionaliza una clara judicialización de la educación, que no es otra cosa que un profundo acto de banalización de la cultura y la ciudadanía, un empobrecimiento acelerado del acto educativo, la confirmación de una democracia tutelada y de bajísima intensidad. ¿A quien se protege? Al resto del grupo? ¿A los que quieren estudiar? Tampoco. Porque al evadir, esconder o expulsar al conflicto (o al “conflictivo”) se pierde la posibilidad de resolver un problema en contexto. Ningún problema social es resuelto fuera del entorno o condiciones que lo hicieron posible. Excepto que aún se siga creyendo que la realidad escolar es una mera suma de diversas partes (sujetos, normas, etc.) y no una trama compleja de relaciones. Excepto que se explique la realidad, los saberes o una situación conflictiva en términos binarios, de víctima y culpable, buenos y malos, haciendo una reducción o simplificación de una realidad escolar que siempre es compleja y con múltiples condicionamientos. ¿A quien se protege? ¿Al profesor/a? Decisión demagógica que opera bajo el supuesto de la restauración de autoridad (como si fuera posible) y de la expulsión de la manzana podrida como (única) causa del problema de convivencia, del mismo modo que algunos creen que la evaluación resuelve todos los problemas de la educación. No nos sirve un apoyo incondicional, porque sería renunciar a las reglas de un funcionamiento democrático. Deben existir condiciones, que regulen el trabajo del hacer docente, que regulen las responsabilidades de estudiantes, con fecha de vencimiento, sujetas a revisión cada tanto. Aquello del apoyo incondicional al docente no es otra cosa que un refuerzo a la omnipotencia de un modelo pedagógico que ha fracasado, el de un adultocentrismo a miles de kilómetros de los estudiantes, el que sostiene una educación bancaria donde uno (en general el adulto) sabe y los otros son depositarios de esa dosificación pedagógica. Así no se lo empodera al docente, se lo debilita. Hay que comprender que su autoridad no es algo que perdió. Solo se pierde lo que se tiene. Y la autoridad no es algo que se tenga como si fuera una cosa. La autoridad se ejerce, porque es siempre en relación. Por eso hay que desconfiar de los discursos de la restauración. Restaurar es algo que se hace con los objetos (madera, bronce) la autoridad es una relación entre sujetos. Al profe se lo fortalece con formación permanente gratuita, en servicio y universal, con herramientas de construcción participativa que mejoren la gestión de directivos y docentes (Guía Federal de Orientaciones para el Abordaje de Situaciones Complejas en las escuelas[1]) y con la posibilidad de que los acuerdos de convivencia funcionen seria y responsablemente, con el necesario ejercicio de la sanción, no como punición sino como acto de enseñanza, aprendizaje y reparación. La demagogia punitiva intenta resucitar a esa escuela santuario de un mundo ideal , escuela que se alejaba y se distanciaba del contexto del que formaba parte, eficaz en algún momento ( para algunos sectores de la sociedad) pero que ya no lo es porque han cambiado las coordenadas de época, escuela que ya no es el monopolio de la transmisión ni de los saberes, ni de la cultura sino una institución más, clave y única , que debemos intentar que se legitime en el desafío de hacer un lugar para vivir (mejor) y ensayar otros modos de estar con los demás, y no la continuación de la desigualdad por otros medios, esa anticipación cantada de frustraciones que algunos explican como falta de mérito o de esfuerzos. No será entonces que este sincericidio mendocino es una medida que , bajo la apariencia de “proteger” a los que “escuchan y prestan atención” reafirma y vuelve a legitimar el diseño histórico de una secundaria selectiva, que se asocia a un discurso social y mediático que condena de antemano a millones de pibes que son “ese sujeto inesperado” a quienes la ley de educación nacional inclusiva del 2006 reparó como acto de justicia y reconoció como sujetos con derecho de estar y aprender en la escuela. No será una medida extraordinaria que puede mutar en ordinaria en la medida que millones de adolescentes no encajen con un modelo ideal de estudiante, especialmente quienes portan rostro y gorrita y pierden libertad sitiados por las fuerzas de seguridad con el DNI como pasaporte de circulación cotidiana, y ahora la escuela en nombre de la protección vuelve peligroso a quienes siguen estando en peligro. Si hay manzana podrida se cree en la portación de un gen violento en el sujeto (sea un pibe o un adulto) y no en el vínculo (entre estudiantes y adulto escolar) como la condición fundante de
Escolaridad protegida o demagogia punitiva Leer más »